Por: Beto Cabrera Marina

El departamento de San Martín, en el corazón de la Amazonía peruana, vuelve a figurar en las alarmantes estadísticas de violencia sexual y embarazo infantil forzado en el país. Según datos oficiales del Ministerio de Salud (MINSA) y el Centro de Emergencia Mujer (CEM), en lo que va del 2025 (enero-marzo), se han registrado 6 partos de niñas menores de 14 años en San Martín, de un total de 121 partos en todo el país.

Solo en marzo, 4 niñas entre los 11 y 14 años dieron a luz en esta región, lo que representa el 66% de los casos regionales en apenas un mes. Estas cifras visibilizan una realidad devastadora: el embarazo infantil no es un tema aislado ni accidental, sino la consecuencia directa de un entorno de violencia sexual, impunidad y abandono institucional.

Cifras que gritan

El primer trimestre de 2025 deja en evidencia un patrón que se repite mes a mes:

• En enero, San Martín reportó 1 caso, frente a 34 a nivel nacional.
• En febrero, otro caso en la región, mientras que el país acumuló 42.
• En marzo, el salto es brutal: 4 casos en San Martín, mientras Perú sumó 45.

Estos números, aunque escalofriantes, podrían ser apenas la punta del iceberg. Muchos casos no se denuncian por miedo, vergüenza o falta de canales accesibles para las víctimas.

¿Dónde está el Estado? ¿Y la sociedad civil?

La casi inexistente presencia del Estado en zonas rurales y amazónicas como San Martín agrava esta crisis. Las niñas, muchas veces con educación primaria incompleta y sin acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, quedan atrapadas en un ciclo de violencia estructural.

El sistema de justicia es lento, el acceso a los Kits de Emergencia es limitado, y la respuesta médica suele estar marcada por el prejuicio. A esto se suma la ausencia de políticas públicas que se comuniquen de manera eficaz con las comunidades locales, muchas de las cuales tienen idiomas, códigos culturales y formas de organización distintas a las que el Estado comprende o atiende.

La sociedad civil también muestra grietas profundas. Aunque existen esfuerzos loables como los de CLADEM y PRODEMU, estos no son suficientes ni tienen el alcance necesario para contrarrestar una cultura que normaliza el abuso y guarda silencio ante el dolor de las niñas.

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